La organizaciones que conforman la Asamblea Social y Popular – ASP, señalan que el cambio de gobierno en Guatemala no es garantía de cambios que beneficien a las comunidades, mucho menos para las personas que defienden derechos humanos y los derechos de la madre naturaleza. Con pocas horas en el Gobierno, Alejandro Giammattei demostró a quienes les es útil su figura de mandatario: los empresarios.
Es habitual ver que los gobiernos de turno utilicen a la Policía Nacional Civil y al Ejército para intimidar y perseguir a las personas y comunidades que se oponen a la instalación de proyectos extractivos.
Daniel Pascual, coordinador del Comité de Unidad Campesina – CUC, señala que los estados de prevención y excepción, son utilizados por los gobiernos para restringir los derechos de la población. Agrega que al término de un estado de excepción no se brinda un informe claro que demuestre que se desarticuló alguna estructura criminal.
En San Juan Sacatepéquez se han impuesto 4 estados de sitio que se usan para proteger los intereses de la empresa Cementos Progreso y para continuar con los trabajos de una carretera que conecte con otro proyecto de la familia Novela, propietaria de la cementera.
