El país enfrenta por relación histórica muchas crisis que afectan la gobernabilidad democrática y marcan condiciones de desigualdad y brechas entre pocos sectores que controlan medios, agendas y economías y en el orden de la desventaja encontramos a amplios sectores de la población en condiciones de pobreza, extrema pobreza y exclusión del proceso de desarrollo humano. 

Dentro de las crisis mas agobiantes y directas que afectan a la mayoría de la población encontramos entre otras que no son menos peor, la crisis económica provocada por la desigualdad en la distribución de los medios y servicios, que además  tiene antecedentes de alto impacto en el orden de las crisis internacionales y repercute seriamente en nuestras débiles economías y dependientes.

Nos queremos referir al impacto negativo de la reciente medida adoptada por el gobierno de aumentar el precio de la energía eléctrica como un catalizador de conveniencias de las empresas transnacionales Unión FENOSA e IBERDROLA., quienes a partir de las condiciones privatizadoras de la energía eléctrica que  desde  1998, año en que el Sr. Arzú privatizó la distribución de la energía eléctrica.

Frente a esto por mas que  el gobierno buscara dar el soporte a través de subsidios en el consumo de la energía,  con la visión de  ayudar al que menos tiene,  de un momento a otro tenia que repercutir negativamente y ante la imposibilidad de continuar soportando las cargas del subsidio a las transnacionales a quienes desde su visión comercial lo único que les importa es la optimización de sus ganancias,   aunque la factura a la población sea  la condena  de miles de familias, a lo largo y ancho del país, que para pagar el aumento de un 30 o  40  % a la energía eléctrica tendrían que a dejar de comprar comida y atender otras necesidades familiares hasta de orden esencial, como educación, salud, alimentación de sus hijos e hijas  para poder hacerle frente al pago de la luz.  

En los terminos del Frente Nacional de Lucha,  la medida  también nos arrastra  a una subida en los precios de todos los bienes y servicios que requiere la población.    En síntesis, plantean  que estamos de mal en peor y permitiendo  que las empresas españolas ganen más a partir del aumento al servicio.

Las medidas de resistencia de diversos sectores no se hacen esperar,  organizaciones vinculadas al frente nacional de lucha sostienen que no daran marcha atrás en su clamor por el NO AL ALZA DE LA ENERGIA,   programando plantones en todo el país, en fechas claves y en lugares y  zonas estratégicas.  

Para las regiones de San Marcos y Coatepeque,  las campañas movilizadoras y de resistencia tienen una fuerte presencia y se oponen al pago del recibo de la luz,  a decir de sus lideres hasta que se responda a las demandas del pueblo, justificadas tras centenas de miles de reclamos por ilegalidades, cobros indebidos y otras denuncias afines

En conclusión,   el clamor popular frente a esta medida da una señal de alerta al desborde anunciado para los próximos días,  no es tarea fácil para el gobierno actual en las condiciones de crisis anunciadas, negociar con las empresas transnacionales proveedoras del servicio, sin embargo el impacto y la descomposición de la economía es importante preverlo para evitar que nos llueva sobre mojado y que el rió revuelto que se avizora en el entorno de un proceso electoral  se logren controlar los posibles riesgos y amenazas que para grupos fuertes de oposición y de  descomposición social les es fácil coactar y utilizar como AZ bajo la manga.

Fuera de ese marco es importante revisar  temas prioritarios que marcan la ruta a un posible  desborde, por ejemplo    el aumento al alza de energía eléctrica si que es mas que una crisis anunciada porque pone contra el paredón a la población consumidora, generando otros efectos devastadores ya referidos ,  lo mas coherente para el accionar de nuestros gobernantes,  es tratar de conciliar posibilidades de revertir el efecto domino de esta medida en contra de la población,  y  hacer el mayor de los esfuerzos por la derogación de la medida,  y en orden de las posibilidades atender demandas de la sociedad civil en  apuntar a nacionalizar la distribución de la energía eléctrica y a la creación de normas y políticas que regulen el servicio y promuevan  beneficios positivos mediante el uso del servicio de la energía eléctrica  con  ventajas sociales.

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