El Petén es el departamento más grande de la República de Guatemala con una extensión territorial de 35,854 km2). Posee 800 km de fronteras internacionales con México y Belice y colinda con los departamentos de Alta Verapaz e Izabal. El departamento posee recursos naturales y un 60% de áreas protegidas que contiene riquezas arqueológicas y está ubicado estratégicamente como un punto de confluencia de rutas para la movilidad de personas y mercancías.
COMUNIDADES OBJETO DE DESALOJOS
En la Laguna del Tigre, Sierra del Lacandón y Ruta Bethel que comprende territorialmente los municipios de San Andrés, La Libertad y Las Cruces del departamento El Petén a principios de los años ochenta, se dio el traslado de pobladores de distintas áreas del país, por lo que se comenzó a poblar el área con familias que hoy conforman comunidades indígenas procedentes del oriente guatemalteco, Alta Verapaz, Izabal, Huehuetenango, El Quiché y en menor número de otros departamentos.
Estas poblaciones llegaron a esas tierras en busca de una vida digna, salvaguardar sus vidas del conflicto armado interno, por sometimientos a trabajos forzosos por los terratenientes latifundistas de sus lugares de origen, o por simple carencia de tierras.
Durante el periodo más álgido del conflicto armado interno dentro del cual se implementaron políticas violatorias a los derechos humanos, estas poblaciones fueron utilizadas por el Estado para proteger el territorio del Petén de las “amenazas” de los países vecinos.
Ya instalados muchos de los pobladores en el área, en 1989, la zona fue declarada Áreas Protegidas mediante el Decreto Número 4-89 del Congreso de la Republica. Tal disposición, no fue informada ni consultada a los pobladores que ya se encontraban en el área. En ese momento las poblaciones no fueron perturbadas e incluso continuó la migración al lugar, sin oposición de las autoridades estatales. Más adelante, 3 del total de comunidades lograron un acuerdo de cooperación con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (acuerdos que no generan certeza jurídica sobre las tierras y la permanencia de las comunidades en las mismas, de igual forma dicho acuerdo no ha significado una mejora en la situación comunitaria).
Los acuerdos de cooperación surgen bajo el marco de la Política de Asentamientos Humanos en Áreas Protegidas del Petén. Esta se define como “un mecanismo de gestión que reúne los principios, objetivos, estrategias, líneas de acción y los instrumentos de operación, como elementos básicos para que la presencia de asentamientos humanos en áreas protegidas se ajuste a lo que se establece en la Ley de Áreas Protegidas en el sentido de maximizar, a largo plazo, la viabilidad de los ecosistemas y de la diversidad biológica de Petén, mediante esquemas que privilegian la sostenibilidad ecológica y socioeconómica con participación social.”
La política anteriormente citada contempla la posibilidad de regularización de las comunidades antiguas (entendidas éstas como aquellas preexistentes al momento de la declaratoria del área como protegida) y excepcionalmente las ingresadas con posterioridad. Sin embargo, entre sus objetivos específicos establece “Promover el retiro voluntario o desalojo de todos los asentamientos recientes en las áreas de protección estricta y áreas de uso restringido de las áreas protegidas de Petén “
Los acuerdos cooperación son instrumentos en los que se asumen compromisos entre el Consejo Nacional de Áreas Protegidas y las poblaciones en la zona, en ellos el Estado se compromete, entre otras cosas, al Congreso de la República Guatemala, C.A.
reconocimiento y legalización de la permanencia de los asentamientos humanos en el área. Sin embargo de acuerdo con los pobladores, no existe ni un atisbo de voluntad política del Estado para el cumplimiento de los mismos.
A pesar de haber sido declarada área protegida, el Estado permitió y prorrogó proyectos de explotación de recursos naturales en el área. En tal proceso, nunca se informó, ni consultó a las comunidades sobre la actividad estatal encaminada a explotar recursos en el área (industria petrolera). En la actualidad, el Estado insiste en que el área debe ser desalojada por los pobladores, (no así por los proyectos de explotación autorizados) con base en la declaratoria del área como protegida.
Hoy son más de 140 comunidades las que existen en la región. Las comunidades que permanecen, sufren de medidas de intimidación y de violación a sus derechos fundamentales. El Estado ha incrementado la militarización en las comunidades y el acceso a las mismas, ha promovido desalojos masivos de comunidades y desplazamiento forzado incluso a territorios mexicanos en decenas de comunidades. Alrededor de 60 comunidades ya han sido completamente desalojadas.
En el caso en concreto el Estado incumple con sus obligaciones internacionales de respeto y garantía de los derechos de las personas sujetas a su jurisdicción, ya que no solo se les impide a los pobladores desarrollo de condiciones para alcanzar una vida digna, sino que con mayor gravedad, a través de acciones positivas el Estado viola las garantías de sus habitantes realizando amenazas, intimidaciones, persecución y asesinato de líderes comunitarios.
A la fecha, la mayoría de estas comunidades aún no han sido reconocidas formalmente por el Estado como tal ni por las municipalidades, por tanto, tampoco son reconocidas sus autoridades comunitarias, negándoles así el derecho a desarrollarse dignamente.
Esto ha hecho que las comunidades durante más de siete años vengan discutiendo y generando propuestas que contribuyan a darles certeza sobre la tenencia de la tierra así como resguardo a sus derechos humanos y el respeto a la vida de los habitantes de las comunidades.
De esa cuenta el veintiocho de Septiembre del año dos mil dieciséis las Comunidades Afectadas por la Declaratoria de Áreas Protegidas de Laguna del Tigre y Sierra Lacandón de los Municipios de Peten, hicieron entrega de la Propuesta Alternativa de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comunidades Afectadas por la Declaratoria de Áreas Protegidas de Laguna del Tigre y Sierra Lacandón a las instituciones del Estado para que se pudiera discutir mecanismo de implementación.
Por ello el cuatro de noviembre del año dos mil dieciséis se hizo la instalación de la mesa de diálogo entre el ejecutivo y las comunidades para poder buscarle mecanismos de solución a la referida problemática esto con la mediación de la Congreso de la República Guatemala, C.A.
Comisión Presidencial de Dialogo cabe resaltar que en esta actividad estuvo presente el Procurador de Derechos Humanos como garante del proceso.
El quince de noviembre del año dos mil dieciséis se sostuvo una reunión en el Salón Oro de Casa Presidencial donde estuvo presente el Secretario Privado de la Vicepresidencia y otras instituciones del ejecutivo para poder viabilizar un dialogo que pudiera permitir un dialogo real y efectivo además de generar propuesta de un acuerdo marco sobre la base de la buena fe que debía prevalecer en dicho proceso.
Cabe resaltar que durante el año dos mil dieciséis se sostuvieron varias reuniones donde los intentos por consensuar un documento de acuerdo marco así como las instituciones que representarían al ejecutivo finalmente no tuvieron éxito por las posiciones radicales de no querer entrar de una forma real a abordar la problemática de las comunidades.
De esa cuenta para poder viabilizar el diálogo entre el Ejecutivo y las comunidades el veintisiete de diciembre del año dos mil dieseis el Diputado Leocadio Juracán, el Doctor Rokael Cardona en su papel de mediador en este proceso de Dialogo sostuvieron una reunión con el Vicepresidente Jafeth Cabrera para que se pudiera entrar a discutir los mecanismos de solución de la problemática de las comunidades.
Es importante mencionar que las comunidades en todo este proceso han demostrado buena voluntad y compromiso de resolver vía el diálogo y negociación la conflictividad existente en la región del Peten y poder aportar en la recuperación y resguardo de la naturaleza. A cambio han recibido múltiples ataques por parte de la institucionalidad los cuales han denunciado en reiteradas ocasiones y por diferentes mecanismos legales.
Como lo sucedido el pasado dos de junio del dos mil diecisiete donde a través de mil efectivos de fuerzas combinadas del Ejército y la Policía Nacional Civil fueron desalojadas más de ciento cincuenta familias de la comunidad Laguna Larga ocasionándoles un nuevo desplazamiento forzado a estas poblaciones dado que durante el Conflicto Armado Interno sufrieron de la misma política ahora se encuentran en el Estado de Campeche, México sin las condiciones mínimas para la sobrevivencia. Este tipo de hechos han sido bajo los argumentos del cuidado del medio ambiente pero sin garantizar la vida de las poblaciones que por años han habitado el territorio garantizando el cuidado de la naturaleza.